La Justicia se achica: Milei lleva más de un año sin nombrar un solo juez federal Redacción del Diario TAPA DEL DÍA Mientras la novela por los nombramientos en la Corte Suprema acaparó la atención mediática, una situación más grave y estructural se profundiza en silencio: desde que asumió Javier Milei, el Gobierno nacional no ha impulsado ni un solo nombramiento de jueces federales o nacionales. El resultado es un sistema judicial que pierde fuerza, independencia y eficacia día tras día. Hoy, más del 30% de los aproximadamente mil cargos judiciales federales y nacionales están vacantes. En las fiscalías, el panorama es incluso peor: el 44% de los cargos están cubiertos por fiscales subrogantes, es decir, prestados o temporarios. En varias provincias argentinas no hay un solo Tribunal Oral Federal completo. En Comodoro Py, cuatro de los doce juzgados de primera instancia están vacíos. El juez Ariel Lijo, por ejemplo, administra el suyo y dos más. En la Cámara de Casación Penal, el órgano penal más alto del país, tres de las doce sillas están vacantes. La falta de designaciones tiene consecuencias visibles e invisibles. Las primeras se traducen en demoras: hay jueces que deben hacerse cargo del doble o triple de expedientes. Las segundas son más sutiles, pero más peligrosas: jueces subrogantes que buscan agradar al Poder Ejecutivo con sus fallos para ganar estabilidad, o jueces titulares que prefieren no incomodar mientras esperan que designen a un familiar o allegado. El Consejo de la Magistratura, que elabora las ternas de candidatos, asegura que en 2024 avanzó con celeridad y elevó casi un centenar de propuestas. Sin embargo, de las 305 vacantes judiciales, 184 ya están en manos del Poder Ejecutivo, que solo debe elegir un nombre de cada terna y enviarlo al Senado. El gobierno de Milei no ha enviado ningún pliego —más allá de los dos mencionados para la Corte—, a pesar de haber prometido lo contrario. En noviembre pasado, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había anunciado que se enviarían 150 pliegos al Senado. Nada ocurrió desde entonces. El propio presidente admitió en su discurso inaugural ante el Congreso: “Es imposible que la Justicia cumpla su deber si funciona al 60% de su capacidad”. También dijo que “esperamos que la política esté a la altura”, y prometió avanzar con los nombramientos. Las palabras quedaron en el aire. Las razones detrás de esta inacción son múltiples. Algunos creen que las 184 ternas formaban parte de la negociación con el kirchnerismo y los gobernadores para nombrar a Lijo y García-Mansilla en la Corte. Otros sospechan que la falta de designaciones es funcional a una estrategia de parálisis institucional que evita incomodar a figuras del pasado reciente, como Cristina Kirchner. Mientras tanto, la pasividad de ciertas ONG judiciales llama la atención: en otros tiempos, bastaba un ajuste tarifario para generar una oleada de amparos. Hoy, reina el silencio. Históricamente, solo en 2015 se había alcanzado un nivel de vacantes similar. Entonces, el kirchnerismo había apostado a los subrogantes para mantener cierto control sobre el Poder Judicial. Paradójicamente, esa estrategia terminó beneficiando al gobierno siguiente, que pudo nombrar decenas de jueces con apoyo de sectores peronistas no alineados con Cristina. Hoy, con Cristina aún influyente en el Senado y con Milei sin mayoría propia, el tablero político parece bloqueado. Pero para nombrar jueces federales no se necesita una mayoría agravada: alcanza con la mitad más uno de los senadores presentes. Si el Gobierno realmente quisiera, podría avanzar. Desde TAPA DEL DÍA advertimos: cada mes sin designaciones erosiona la Justicia. En un contexto de reformas clave, como la implementación del nuevo sistema acusatorio, la falta de jueces estables compromete el futuro del sistema entero. Opinión pública Si Javier Milei quiere que el Congreso no “politice los pliegos”, debería primero enviarlos. La Justicia no puede operar al 60%, como él mismo lo dijo. En lugar de paralizar al sistema, debería asumir la responsabilidad histórica de reconstruirlo. Dejar vacantes abiertas es dejar abierta la puerta a la discrecionalidad, la demora y la pérdida de independencia judicial. Argentina no necesita una Justicia a medias: necesita una Justicia fuerte, completa y activa.